TARTUFO
Por: José Darío Castrillón Orozco.
La Corte Suprema de Justicia ha ternado a Alejandro Ordoñez como su candidato a ocupar, de nuevo, la Procuraduría General de la Nación. Confirma esto lo certeras que resultaron las columnistas María Jimena Duzán y Cecilia Orozco, a quienes esta corte amenazó con demandarlas. A juicio de los magistrados cometieron el delito de opinar que los actuales jueces hacen un cambio jurisdiccional en torno a las sentencias que pretendieron moralizar el país, enjuiciando a los políticos cómplices de bandas paramilitares, y el desmonte de las investigaciones que en esa materia se llevan a cabo. En particular señalaba la periodista Orozco, el sacar por la puerta de atrás al investigador estrella de la parapolítica, el magistrado Iván Velásquez, cuyo valiente desempeño "se ha convertido en un referente para la búsqueda de justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas en Colombia", según lo definió Human Rights Watch. A la postre el Doctor Velásquez terminó renunciando.
Así, la corte que castiga a un investigador por sus éxitos frente la peor criminalidad que ha tenido Colombia, contra quien se fraguó la alianza del anterior gobierno con paramilitares para desprestigiarlo y detener el proceso de la parapolítica, ahora pretende entronizar en el cargo más importante de control público a quien ha dado muestras, no sólo de ser un pésimo jurista, sino de ser un prevaricador empedernido.
Fue postulado al cargo por un gobierno cooptado hasta el cogote por la mafia. Su presentación como Procurador General se dio por los verbos de la pereza: copiar, cortar y pegar, mediante los cuales modificó el fallo condenatorio de su antecesor Edgardo Maya por cohecho, de los ministros de Uribe: Sabas Pretelt y Diego Palacios, para suprimir las pruebas contenidas en este, y absolverlos alegando falta de ellas.
Luego de esa entrada al servicio de la impunidad, su tarea se resume en proferir fallos torticeros, dirigidos a absolver a sus conmilitones y en perseguir a los opositores. Es particularmente llamativa la persecución que ha entablado contra la ciudadana Piedad Córdoba, a quien sancionó y despojó de su investidura de senadora, empleando pruebas ilegales y esgrimiendo una argumentación Jurídica cantinflesca. No contento con ello la volvió a suspender, otra vez con argumentos babosos; incluso ha pedido a la Fiscalía que la procese por sus opiniones. Una evidente persecución.
Entre la misoginia y el horror feminae atropella las reivindicaciones de las mujeres en general, rezongando tiquismiquis para escamotear sus derechos. Mientras en concreto persigue a la negra Piedad, y a la abogada Mónica Roa que tiene el mérito profesional de haber logrado la despenalización del aborto en tres circunstancias extremas, con lo cual se ganó la animadversión del señor Ordoñez, y con ello una demanda penal.
También ha sido célebre por su batallar contra los derechos ciudadanos, llegando a desafiar los fallos de la Corte Constitucional. O por ir contra la ley de víctimas y de restitución de tierras. O contra el tratamiento como problema de salud para la farmacodependencia. Combate también el precepto constitucional que consagra el libre desarrollo de la personalidad. Ha pretendido dar sustento científico a sus argucias, falseando documentos, hasta uno de la Organización Mundial de la Salud, pretendiendo censurar el empleo de un medicamento.
No sólo obra contra las libertades civiles, va contravía de los Derechos Humanos. Aunque tiene el cuidado de no predicar contra estos, conviene echar mano de la cita bíblica "por sus hechos los conoceréis". Fue cómplice de la carrera criminal de Mauricio Santoyo, cuando siendo magistrado del Consejo de Estado promovió y votó la suspensión de la sanción que la Procuraduría le había impuesto por sus actividades ilegales; ha hecho del ministerio público guarida de violadores paradigmáticos de Derechos Humanos, como Rito Alejo del Río, o el coronel (r) Plazas Vega; ha abogado por la absolución de parapolíticos como Mario Uribe, Javier Cáceres, Eric Morris y Jairo Merlano, Humberto Builes, Álvaro Araújo, Ciro Ramírez, Luis Humberto Gómez Gallo, Miguel Pinedo, Oscar Reyes y Juan Pablo Sánchez, quienes han sido condenados por la en otrora enhiesta Corte Suprema.
Contrario a lo anterior ha sido necesaria la intervención de las Cortes para hacer que este señor cumpla con su deber. Así fue necesaria una tutela y una orden de la Constitucional para investigar disciplinariamente al ex secretario de Presidencia, César Mauricio Velásquez, por abuso de autoridad, investigación que se rehusaba a realizar. Recientemente la misma corte le ordena ponerse en sintonía con la constitución colombiana, y retractarse de afirmaciones contra los derechos reproductivos de las mujeres. Acaso por falta de otra orden semejante los procesos contra políticos conservadores no avanzan.
Y qué decir del manejo clientelista de la procuraduría, donde ha vendido el alma al diablo repartiendo puestos a sus nominadores, magistrados de altas coretes, y a sus electores, los congresistas a quienes debería investigar. Todo con tal de aferrarse a su cargo. Con razón se hizo el desentendido con el cohecho de los ministros, y no encontró vicio alguno en el trámite del referendo reeleccionista de su otrora nominador.
Paradójicamente, usa la piel de cordero de una religiosidad vistosa para encubrir sus tembleques morales, éticos y legales. Como si la prohibición de matar, de robar, o de mentir del decálogo del Sinaí excluyera a los uribistas. O como si Jesús de Nazaret hubiera predicado la malevolencia contra los despojados. Bien decía Shakespeare que hasta Satanás emplea las sagradas escrituras para sus malevos propósitos. Su pretendida fe no es más que coartada para un proceder deshonesto, una impostura populachera para timar almas simples. Es el clásico hipócrita moral, el Tartufo que describiera Moliere, que emplea una monserga en apariencia piadosa para aprovecharse del prójimo.
Con esta defección de la Corte Suprema Colombia se encuentra ante la aporía de Cristo: "Si la sal se corrompe ¿con qué se salará?". Porque si la entidad con la misión de velar por lo público, la Procuraduría General de la Nación, sigue hipotecada a los propósitos mezquinos de un sector político violento y rapaz, que ahora usa a este tipejo para obstaculizar el propósito nacional de lograr la paz. ¿Qué será de lo público? ¿Quedan esperanzas de justicia en un país donde la mayor Corte en vez de cumplir con su deber de destituir a semejante Tartufo, decide hacerlo su candidato y dejarlo sin un ente que lo controle?
