Desde principios de este año, los universitarios colombianos nos pusimos en la tarea histórica de derrotar la propuesta más nociva que pudiera presentar el gobierno para las universidades del país: el proyecto de reforma a 
Un análisis bajo la lupa despeja muchas dudas: en la reforma educativa las universidades públicas no saldrían bien libradas a mediano y largo plazo. Así lo revela la evidencia de las cifras. 
El sistema de educación superior colombiano se encuentra en conmoción gracias al debate suscitado por la “reforma a la Ley 30”, Nueva Ley de Educación Superior de Santos que modifica todo el articulado de la Ley 30, que después de la gira nacional de la Ministra Campo se presentó con algunas modificaciones inanes que no generaron el acuerdo que, bajo un optimismo mentiroso, presenta el Gobierno; prueba de ello es que hasta el momento ni siquiera la Unidad Nacional se ha podido poner de acuerdo para la presentación del proyecto al Congreso de la República.
La historia de la Universidad Nacional está íntimamente ligada al proceso de construcción de un proyecto de nación, es claro que a cada proyecto de nación le corresponde un proyecto de Universidad. Por tanto, el debate sobre el quehacer de la universidad tiene todo que ver con el quehacer de la nación, sería completamente descabellado considerar la universidad y sus estamentos como entes atomizados que no reaccionan a las presiones del entorno nacional. Al respecto la historia nos brinda ejemplos invaluables, ejemplos no solo de que en efecto a cada modelo de nación le corresponde un modelo de universidad, sino ejemplos además, de que existen diferentes formas de asumir los proyectos hegemónicos de nación y de Universidad. Mencionemos el ejemplo de la Universidad Alemana en medio del proyecto del llamado nacional socialismo. En su momento el debate tuvo por un lado a Bertrand Russel y a José Ortega y Gasset convergiendo en torno a la denuncia de la instrumentalización política de la universidad por parte del régimen nazi, y por otro lado a Martin Heidegger quien en su discurso de posesión como rector de la Universidad de Freiburg invitaba a la entrega ilimitada en defensa de las fuerzas de la tierra y de la sangre.
El pasado 3 de agosto, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, presentó ante la opinión pública los resultados del Observatorio laboral para la educación: seguimiento a los graduados de la educación superior en los últimos 10 años. [1] Entre las conclusiones presentadas en el informe, una de las que más resalta es la relacionada con los diez programas universitarios mejor remunerados y con mayor vinculación laboral para los recién graduados en el año 2010. Los tres primeros lugares en esta lista son ocupados por programas relacionados directamente con minería e hidrocarburos: Ingeniería de Petróleos, Geología e Ingeniería de Minas. Los egresados de estos programas tuvieron una vinculación laboral del 91,5%, 94,8% y 77,4%, respectivamente. Es decir, en promedio el 87,9% de los graduados en estas tres carreras consiguieron en 2009 trabajo casi de inmediato. Los salarios de estos profesionales oscilan entre los 2.426.000 pesos y los 3.139.000 pesos. También se destaca que dentro de los diez programas técnicos con mejor salario, el programa de Técnica Profesional en Minería se ubica en el quinto lugar, con un sueldo promedio de 1.227.000 pesos.
A propósito del proyecto de Ley de Educación Superior que será presentado por el gobierno de Juan Manuel Santos, ante el Congreso de la República, y que institucionaliza figuras fracasadas e impuestas desde la dictadura de Pinochet en Chile, es importante resaltar algunos de estos aspectos que han dado lugar a las enormes movilizaciones de estudiantes, docentes, trabajadores, contando incluso, con el acompañamiento y apoyo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.
Las cifras de la economía de los Estados Unidos exigen a este país ocuparse de manera avezada a ampliar su margen de maniobra y buscar nuevos nichos de inversión. Indudablemente, una forma de la que dispondrá Estados Unidos será estimular las exportaciones, como lo ha anunciado Obama, quien sostiene que estas deberán duplicarse. En ese mismo sentido, es inevitable aumentar el recaudo, por medio de onerosas cobranzas, estipuladas como políticas de reducción del déficit fiscal y de gasto público en los países sometidos a su explotación, en consonancia con las recomendaciones de los organismos financieros internacionales, como por ejemplo, lo plasmado en el proyecto de Ley de sostenibilidad fiscal, que buscará la reducción del deficitario 2% gasto público colombiano a un superavitario 1.5%. “Progresivamente la política fiscal está dejando de poner el acento en el sostén de la demanda para ocuparse de la reducción del déficit”<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->
La reforma a la Educación Superior presentada por el Gobierno de Juan Manuel Santos, incorpora la posibilidad de crear “Instituciones de Educación Superior con ánimo de lucro”, elemento que ilustra notoriamente el carácter y el propósito de la reforma, a saber, un carácter neoliberal, con un evidente propósito de privilegiar al capital financiero y a los mercaderes globales de la educación, dando desarrollo a las exigencias del TLC con Estados Unidos. El debate sobre este elemento, ha girado en buena medida en torno a la afirmación del Gobierno, en el sentido de que con esta medida se garantizará la equidad del Sistema de Educación Superior colombiano, en tanto se aumenta la oferta educativa. Un argumento no solo pobre, sino además falaz que no resiste análisis con la realidad.
El presidente Juan Manuel Santos anunció el pasado 10 de marzo una reforma estructural a la educación superior. De sus palabras se extrae que apunta a favorecer de manera directa al capital financiero y a las multinacionales de la educación superior, así como a marchitar la situación financiera de las universidades públicas. Esta política es lo más grave que le podría suceder a la educación superior en Colombia en toda su historia.
Nota del Autor: En este escrito trataré los temas de la financiación y la privatización. Pero hay más implicaciones en el proyecto: su impacto en la democracia, en la autonomía universitaria, en la formación académica y por último en la burocracia y clientelismo que profundizan. En próximos escritos estaré opinando sobre estos temas. Las opiniones aquí expresadas son de la exclusiva responsabilidad del autor.
