Educación extractiva para un país minero

Darío Arenas, Manizales, 28 de agosto de 2011

El pasado 3 de agosto, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, presentó ante la opinión pública los resultados del Observatorio laboral para la educación: seguimiento a los graduados de la educación superior en los últimos 10 años. [1] Entre las conclusiones presentadas en el informe, una de las que más resalta es la relacionada con los diez programas universitarios mejor remunerados y con mayor vinculación laboral para los recién graduados en el año 2010. Los tres primeros lugares en esta lista son ocupados por programas relacionados directamente con minería e hidrocarburos: Ingeniería de Petróleos, Geología e Ingeniería de Minas. Los egresados de estos programas tuvieron una vinculación laboral del 91,5%, 94,8% y 77,4%, respectivamente. Es decir, en promedio el 87,9% de los graduados en estas tres carreras consiguieron en 2009 trabajo casi de inmediato. Los salarios de estos profesionales oscilan entre los 2.426.000 pesos y los 3.139.000 pesos. También se destaca que dentro de los diez programas técnicos con mejor salario, el programa de Técnica Profesional en Minería se ubica en el quinto lugar, con un sueldo promedio de 1.227.000 pesos.
Los resultados arrojados por el informe se dan bajo el marco del inusitado crecimiento de la actividad minera en nuestro país. Hoy Colombia tiene el 40% de su territorio solicitado en concesión para grandes proyectos mineros, cerca de 40 millones de hectáreas pedidas, equivalentes a la superficie de Alemania y Suiza juntas. En los últimos años han sido otorgados más de 9 mil títulos mineros y existen más de 19 mil solicitudes en trámite. Hay un débil marco normativo en el que el Estado sólo actúa como regulador de la actividad particular, con unas de las regalías más bajas del mundo y un paquete de enormes exenciones tributarias, una fórmula inmejorable para que las compañías extranjeras hayan elegido a nuestro país como epicentro de su actividad. Solo en 2009, la inversión extranjera en el sector de minería e hidrocarburos significó el 90% del total de la inversión extranjera directa en Colombia.
Concebido de esta manera, el auge minero no ha redundado en beneficios y mejores condiciones para los pequeños y medianos mineros nacionales, ni para el conjunto de la sociedad colombiana. Las perspectivas parecen no cambiar en el corto plazo con la firma de tratados comerciales como el TLC con Canadá, recién entrado en vigencia, país cuyo gobierno financió la reforma al Código de Minas colombiano en 2009 [2]. Debe aclararse que en Canadá se encuentra más del 75% de las compañías mineras del mundo. Se demuestra así que son las exigencias foráneas las que han determinado los contenidos del desarrollo económico y la educación, sobre todo en el caso de la minería.
Acorde con este modelo, desde hace algunos años se han impulsado alianzas entre actores del sector productivo y las instituciones de educación superior, impulso que se recoge en la nueva ley de educación superior propuesta por el presidente Santos, que estipula las alianzas público-privadas y la vinculación del capital privado como fuente de ingresos adicionales para las universidades [3]. De esta manera se busca formalizar algo que ya ocurre en diferentes instituciones públicas de nuestro país: que ante la asfixia presupuestal a la que se encuentran sometidas desde hace casi dos décadas y merced a la falta de ética y rigor académico de algunos de sus directivos, varias han rubricado contratos con trasnacionales mineras que van a causar grave daño al medio ambiente. Constituye un ejemplo palpable el convenio de monitoreo ambiental entre la Universidad de Caldas y la compañía sudafricana Anglogold Ashanti, que pretende llevar a cabo un proyecto de minería a cielo abierto en una neurálgica zona del Tolima. Pese a los demagógicos pronunciamientos del gobierno en los últimos días, asegurando que no se incluirá el apartado de universidades con ánimo de lucro estipulado en su propuesta inicial, las alianzas público-privadas son hoy una realidad, que si bien en todos los casos no son lesivas, con seguridad se seguirán extendiendo, debido a las exigencias de las grandes potencias económicas, ávidas de recursos energéticos y nuevos mercados.
Es la visión de “Colombia país minero”, el viraje que los últimos gobiernos le han dado a la economía, lo que explica las notables garantías de inserción laboral para los jóvenes vinculados a programas universitarios y técnicos relacionados. Incide además la necesidad de las compañías extranjeras de vincular mano de obra local conocedora del terreno físico y normativo. El actual panorama se puede concebir como uno de los innumerables intentos por transformar la universidad colombiana en un centro empresarial, diseñado para satisfacer las necesidades de las compañías extranjeras y el mercado internacional, en lugar de formar profesionales en áreas que contribuyan a un genuino e integral desarrollo de la nación. Se pretende imponer el modelo de universidad corporativa, sea mediante asociaciones o estableciendo en forma directa instituciones educativas, tal y como lo han hecho empresas como Motorola, McDonald’s, Lloyds TSB Bank y Disney, entre otras, que han fundado sus propias universidades, trazando contenidos y metodologías acordes con sus necesidades. En Colombia, casos como el de Unisanitas, fundación universitaria creada por la empresa de servicios de salud Sanitas, la universidad para taxistas de Chevrolet o la fundación universitaria Uniempresarial, establecida por la Cámara de Comercio de Bogotá, nos sugieren que de continuar por la vía de la desfinanciación crónica de las universidades públicas, mientras se les aumentan los privilegios a las compañías mineras y se adecua el sistema educativo a las exigencias del mercado, no estamos muy lejos de ver cómo se establece la Universidad del Oro en Marmato, construida por Medoro Resources, o se crea la Fundación Universitaria Minera de Cajamarca, de la Anglogold Ashanti.
Si a cada modelo de país le corresponde un modelo educativo, podemos decir con certeza que los últimos dos gobiernos han allanado el camino para que los colombianos reciban una educación extractiva al servicio de intereses ajenos al interés de la nación. Colombia es el país con el desempleo juvenil más alto de Latinoamérica (actualmente en el 21%) y el 46,2% de su población joven se encuentra inactiva [4] . Esta realidad, sumada a la desvinculación del Estado en la explotación de recursos minero-energéticos, parece dejarles a los jóvenes colombianos casi como única opción laboral ingresar a una multinacional minera, a pesar de que el legado para el país y las generaciones venideras sea un futuro de ríos envenenados, poblaciones arrasadas, dignidades pisoteadas y soberanías arrebatadas.
 [5]http://www.graduadoscolombia.edu.co...  [6] La financiación a la reforma, según el senador canadiense Bernard Bigras, se dio a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Canadá o Canadian International Development Agency, CIDA.  [7] Artículos 146 y 156 del proyecto de reforma al sistema de educación superior.http://aplicaciones.contactenoscolo...  [8] DANE. Mercado laboral de la juventud (14 a 26 años). Gran encuesta integrada de hogares. Trimestre abril-junio de 2011. Bogotá. 8 de agosto de 2011