Representante al Consejo Superior
Universidad de Caldas
Manizales, Agosto de 2011
A propósito del proyecto de Ley de Educación Superior que será presentado por el gobierno de Juan Manuel Santos, ante el Congreso de la República, y que institucionaliza figuras fracasadas e impuestas desde la dictadura de Pinochet en Chile, es importante resaltar algunos de estos aspectos que han dado lugar a las enormes movilizaciones de estudiantes, docentes, trabajadores, contando incluso, con el acompañamiento y apoyo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.El ánimo de lucro, el crédito educativo y la privatización sumados a la política de desfinanciación, elementos que se advierten en el proyecto de Ley Santos para educación superior, tienen sumida en una profunda crisis al sistema de educación superior chileno. La paradoja es que Santos y sus neoliberales proponen a la universidad colombiana recorrer un camino y un recetario que fracasa en Chile, al igual que lo hicieron con la perversa Ley 100 de 1993, donde la tecnocracia criolla recogió los presupuestos de la reforma al sistema de seguridad social impuestos en Chile en la década del 80, como la privatización de la salud, el subsidio a la demanda y la creación de los Fondos de Pensiones Privados.
Estudiantes y profesores se han levantado para exigir que el Estado recupere su rol en la oferta del derecho a la educación superior que, desde el ascenso al poder de la dictadura de Augusto Pinochet, se ha desligado de esta responsabilidad disminuyendo los recursos para el sector. Al inicio del régimen en 1973 los recursos a la educación “alcanzaban al 7% del PIB; al final de la dictadura la cifra llegaba al 2,4%.”[1] A la par que disminuyó la financiación estatal a la universidad chilena se permitió el ánimo de lucro y se municipalizó la educación trasladando mayores responsabilidades a los entes territoriales y concibiendo la educación como un negocio más.
En entrevista con el diario el Tiempo, Francisco Figueroa, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Chile, resaltó que la “movilización comenzó por el grado de endeudamiento de los estudiantes. La mayoría accede a la educación superior por la vía de créditos solidarios del Estado o los que otorga la banca, con tasas de interés al borde de la usura.” Según Figueroa el 10 por ciento del presupuesto de las universidades públicas proviene del Estado y el 90 por ciento, de sus recursos proviene de ventas de servicios y de matrículas que se le cobra a los estudiantes. Las familias chilenas han terminado asumiendo el 80 por ciento los costos educativos[2], y según el economista Manuel Riesco del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Cenda,“el monto anual pagado por las familias endeudadas equivale al 50% de todos los impuestos que pagan las empresas y personas del país, incluida la gran minería del cobre”[3]
El descomunal endeudamiento de las familias chilenas, es el resultado de la conjugación del alza en las matrículas y los aranceles, con el crédito educativo y la disminución de los recursos del Estado. La misma fórmula que consigna la propuesta de Santos[4], encaminada no solo a promover el endeudamiento de los estudiantes y sus grupos familiares, sino de las instituciones mismas (artículos 156 al 159 proyecto de ley de educación superior). La propuesta santista apunta a resolver el acceso a la educación superior mediante la presencia del sector privado con ánimo de lucro, el fortalecimiento del ICETEX y la participación del capital financiero en la oferta de crédito educativo, en la vía de continuar atendiendo las recomendaciones del Banco Mundial, quien conceptúa que el Estado debe abstenerse de hacer esfuerzos propios para cuidar su sostenibilidad fiscal.
Cabe resaltar que desde el 2002 se institucionalizó en el país el Proyecto Acceso con Calidad a la Educación Superior, ACCES, creado por el ICETEX y financiado con dos préstamos hechos por el Banco Mundial al Estado colombiano: US$200 millones de dólares en el 2002 y US$500 millones en el 2007. Dinero que debe ser pagado con los rendimientos de los créditos otorgados, fundamentalmente, a los estratos 1, 2 y 3 de la población.
La preeminencia del ICETEX se evidencia en el artículo 9 del proyecto que lo incluye como parte del sistema de Educación Superior y el artículo 125 que lo ratifica como una entidad crediticia de naturaleza especial. El 160 que regula la inclusión de partidas anuales en el presupuesto para cumplir su objeto, el 161 que crea el fondo para la permanencia estudiantil, administrado por este, y el 163 que establece que podrá ser garante de los créditos que contraigan los estudiantes con el sector financiero, entre otros.
Las esperanzas de aumento de cobertura del proyecto de Ley están cifradas, no en el fortalecimiento financiero de las universidades sino en el aumento del crédito y el encarecimiento de los costos educativos a las familias colombianas. Algunas estadísticas sustentan las complicaciones del panorama propuesto: En el 2007 18 de cada 100[5] estudiantes estudiaban con crédito educativo y en ese mismo año el ICETEX reportaba 15 mil morosos. La misma directora del ICETEX señala que la cartera morosa a 2011 es de 285 mil millones de pesos, una suma equivalente al 15% del dinero prestado, que adeudan principalmente estudiantes de estratos 1, 2 y 3 que son el 92 por ciento de los usuarios del ICETEX.[6]
Intereses altísimos, un futuro hipotecado y créditos costosos que incluso, en algunos casos, son más caros en el ICETEX que en el sector privado es la expectativa ofrecida por el gobierno colombiano a los sectores de más bajos ingresos de la población para acceder a la educación superior. Casos donde el crédito ha sido de 13 millones de pesos y el estudiante al término de 5 años termina pagando, o debiendo en su defecto, 32 millones 400 mil pesos[7] ilustran el futuro de usura que le espera a las nuevas generaciones. El pueblo y el estudiantado chileno tardaron décadas en levantarse, que los colombianos aprendamos de su ejemplo y no dudemos, inmediatamente, en promover las más amplia resistencia civil y democrática contra esta afrenta al sistema de educación superior y la juventud colombiana.
[4] la desfinanciación del sistema de educación superior colombiano lo abordé en el artículo “AMENAZAS Y DEFICIENCIAS DE LA LEY SANTOS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR.” Disponible en http://www.ocecolombia.com/
[5] El Tiempo. Miércoles, 29 de Agosto de 2007: En http://www.mineducacion.gov.
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